martes, 29 de septiembre de 2015

Julian Busteros, el juez narcokirchnerista, se negó a aceptar un habeas corpus, como en los mejores tiempos de la dictadura.

Dos referentes de una organización social padecieron el ataque de una banda narco y hoy están refugiados para preservar su vida. La fiscalía y la policía liberaron la zona. El poder político dice que va a actuar. Los transas disputan el territorio para ampliar su mercado en los jóvenes. Una pelea cuerpo a cuerpo con la militancia.

Por Lucas Schaerer, periodista

El avance de los transas en Florencio Varela, más precisamente en el barrio Pico de Oro, sobre la militancia política de base fue planificado en dos etapas y contó con el apoyo de la Policía Bonaerense, la fiscalía y el juzgado local. Primero fue un ataque a piedrazos y luego el incendio total de la casa de Alberto Spagnolo y Neka Jara, integrantes del Movimiento de Colectivos conocidos desde hace años por su actividad en cooperativas, talleres productivos o actividades culturales en los barrios de la zona sur que en su momento realizaron desde la agrupación Aníbal Verón o el MTD de Solano.

En la noche del miércoles 29 la banda de la transa Pamela, que vive y vende en la misma manzana de la pareja militante, amenazaron con el linchamiento. La transa tiene arresto domiciliario y dos causas por drogas El ataque fue en base a una falsa denuncia. “Mónica Beatriz Feragut denunció en la comisaría 1ª que Alberto mi cuñado había abusado de su hijo de cuatro años. Entonces esta mujer hace correr la falsa versión de abuso cuando fue comprobado por los peritos que no ocurrió tal cosa y sin embargo la comisaría 1ª a cargo de Gonzalez se aparece en dos móviles a los gritos diciendo donde está el violador. Sabiendo los efectivos de la seccional que Feragut ya había echó una falsa denuncia por asesinato perjudicando a una persona que fue linchada”, relató a Agenda Oculta el abogado Valdemar Jara.

De allí el abogado Jara se dirige al juzgado de Garantías Nº 5 de Florencio Varela. “El juez Julián Busteros dijo que no podía recibir el habeas corpus y me derivó a la fiscalía”. Una vez en la fiscalía descentralizada Nº 9 le prometieron custodia policial en la casa de su hermana Neka Jara y su compañero. “Nunca llegó la custodia”, agregó el abogado de los militantes.
Entonces al otro día se produce el segundo ataque. “Antes de incendiar saquearon”, contó Valdemar.
Los narcos, al no lograr el apoyo del barrio, acudieron a miembros de su banda de otros lugares e impidieron incluso el ingreso de los bomberos, amenazando con extender el fuego hacia otras casas. Durante todo este tiempo un grupo nutrido de vecinos y militantes evaluaron la posibilidad de resistir físicamente los ataques, pero primó el criterio de no dar lugar a un enfrentamiento en los términos tumberos y policiales planteados por los narcos (armas de fuego incluidas).

Ante la patente inacción de la Comisaría 1º de Florencio Varela y de las autoridades públicas del municipio, el Movimiento de Colectivos se contactó con el segundo del Ministerio de Seguridad Nacional, el coronel Sergio Berni. “Éste llama al ministro Ricardo Casal de la provincia. Entonces a las 3 de la madrugada llega a la comisaría 1ª un comisario general. Toman las declaraciones por el ataque y dice que van a ir a fondo. Hoy la causa se abrió en cuatro (abuso, incendio, amenazas y tráfico de estupefacientes), los atacantes se pasen libres y nuestros compañeros escondidos fuera del barrio. La tensión en el barrio sin embargo aún no desaparece, siguen las amenazas y no es claro cómo se desarrollarán los hechos”, agregó el abogado Jara.

No es la primera vez que ocurre la disputa con los transas y militantes. De hecho se viene reiterando en los últimos meses en distintos barrios y pone de manifiesto un nuevo tipo de conflictividad. En San Rudensindo, sobre la ruta 2, cinco viviendas fueron desalojadas por un capo narco que buscaba consolidar su control en la zona. En esta ocasión un grupo de vecinos paraguayos le hicieron frente y el saldo fue de varios muertos por ambos bandos, sin que eso haya impedido el desalojo de las viviendas.

Los narcos se articulan en los territorios con tramas de complicidad política y policial, lo cual los convierte en grupos de poder que son a la vez dealers, prostituyentes y buchones. El propósito es disputar y controlar esos territorios, pero es sobre todo una disputa por los jóvenes: para volverlos “consumidores” y ampliar así los mercados del paco. También para subordinarlos y usarlos como mano de obra tumbera. Estos grupos, que viven un proceso de degradación acelerada especialmente durante los últimos años, aseguran su poder expropiando vidas. Invierten de este modo la dinámica de los movimientos sociales.

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